El sector científico argentino vive días de conmoción luego de que Javier Milei (el candidato a presidente más votado en las elecciones primarias del 13 de agosto) ratificara su intención de cerrar los ministerios de Ciencia, Ambiente y Salud, y de privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Con una inflación superior al 100%, índices de pobreza del 40% y rechazo creciente a las dos fuerzas políticas que gobiernan desde 2003, el partido ultraliberal La Libertad Avanza (fundado por Milei en 2021) obtuvo el 30% de los votos.
Conocido por un perfil provocador, que incluye estar a favor de la compraventa de órganos, el porte de armas y la negación del cambio climático, Milei argumenta que la ciencia es “algo del sector privado” y la educación pública, “adoctrinamiento”.
Luego del triunfo, el actual diputado nacional aseguró que privatizará el CONICET porque sus trabajadores no generan “productividad” y representan un gasto estatal excesivo.
“Si se cerrara el ministerio (de Ciencia), del cual dependemos, se eliminarían muchas instituciones de ciencia y tecnología, con lo cual tampoco podría continuar la investigación en universidades”, declaró Ana Franchi, directora del CONICET.
Fundado en 1958 por el Premio Nobel Bernardo Houssay, el organismo tiene casi 24.000 investigadores y becarios que trabajan en más de 300 institutos en todo el país. En 2022 encabezó el ranking SCImago de las mejores instituciones de ciencia en Latinoamérica.
“La tecnología nos atraviesa en todas las facetas de la vida: lo que comemos, cómo viajamos, qué energía usamos”, agrega. “Por otra parte, quienes trabajan en el sector se caracterizan por su pensamiento crítico, que sin estas instituciones disminuiría sensiblemente”.
La funcionaria considera que las propuestas del diputado son un ataque al propio Estado, ya que las naciones desarrolladas priorizan la ciencia y la tecnología como sectores estratégicos.
De hecho, tres de los países más elogiados por Milei (Estados Unidos, Israel y Corea del Sur) invierten entre 2,5% y 6% de sus productos brutos internos en investigación.
La cifra no llega al 0,35% en Argentina, y la gestión de Juntos por el Cambio (2015-2019) la dejó en un 0,22%. Una ley votada hace dos años establece un incremento progresivo hasta alcanzar 1% en 2032.
Franchi recuerda que los especialistas del CONICET no solo permanecen en oficinas públicas, sino que se insertan en compañías farmacéuticas, de salud, agro, energía y comunicaciones.
Pero si Milei avanzara con sus planes, la contracción del sector podría ser brutal en el país sudamericano, donde la inversión estatal supera el 70%.
En este contexto, “es muy necesario incrementar la inversión privada, que es insignificante por el desconocimiento de los empresarios sobre el rol de la ciencia en el desarrollo”, critica Susana Hernández, presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias.
En relación con los aspectos a mejorar dentro del CONICET, resalta la importancia de fortalecer iniciativas de transferencia tecnológica y de que “las investigaciones básicas se ocupen de orientar algunas líneas en favor de una aplicación que redunde en beneficio de la sociedad”.
Franchi también reconoce la necesidad de alcanzar una mayor federalización, para dar respuesta a demandas sobre problemáticas sociales, industrialización e impacto ambiental en las provincias y pueblos más postergados.
Más allá de esos matices, la controversia que generó Milei despertó una defensa casi unánime de la ciencia pública argentina.
El biólogo Diego Golombek, uno de los divulgadores más influyentes del país, recordó que el sector agropecuario depende de la biotecnología; el de comunicaciones, de comprender los alcances en inteligencia artificial; el de energía, de físicos e ingenieros especialistas en fuentes renovables.
Alberto Kornblihtt, investigador superior del CONICET, ponderó al organismo por haber creado vacunas, kits de diagnóstico, barbijos inteligentes y respiradores contra la pandemia de COVID-19, siempre en articulación con el sector privado.
Sus científicos desarrollaron alimentos fortificados con probióticos, cultivos resistentes a las sequías, métodos de explotación de hidrocarburos y tecnologías para producir cannabis con fines medicinales.
Lino Barañao, ministro de Ciencia entre 2007 y 2018, también los elogió por producir “como los del Primer Mundo”, pero con salarios “paupérrimos” que no suelen alcanzar los 500.000 pesos (unos 700 dólares).
Para sintetizar la trascendencia del desafío que enfrenta el país, el actual ministro de Ciencia Daniel Filmus recurrió a una cita del mismo Houssay: “La ciencia no es cara; cara es la ignorancia”.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
