El más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vuelve a incluir aspectos importantes de la situación ambiental de Venezuela.
En esta ocasión, el informe ha enfatizado tres temas relacionados con los derechos humanos ambientales: la contaminación producida por las operaciones de PDVSA, los efectos de la deforestación y los daños socio-ambientales y las violaciones a los derechos humanos derivados de la explotación de oro principalmente al sur de Venezuela. Asimismo, hace mención a la vulnerabilidad del país ante el cambio climático. Tres de estos temas aparecen por primera vez en estos informes publicados por el Alto Comisionado.
Con respecto al tema de la contaminación derivada de las operaciones de PDVSA, el informe indica lo siguiente:
“La producción de petróleo y la falta de un tratamiento efectivo de las aguas residuales de PDVSA agravaron los riesgos de contaminación del agua. Según la sociedad civil, en 2022 se registraron al menos 86 derrames de petróleo, 77 más que en 2021, que destruyeron ecosistemas acuáticos y terrestres esenciales para garantizar el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible y otros derechos humanos. El ACNUDH recuerda que la explotación y el uso de los recursos naturales deben ser consistentes con el derecho y estándares internacionales.”
En este caso, el informe da por cierto que en el año 2022 ocurrieron 86 derrames petroleros. Este número debe tomarse con pinzas. En el último informe presentado por PDVSA en el 2016 reportó la ocurrencia de 8.088 derrames de hidrocarburos, sólo para ese año. A partir de ese momento, existe una total opacidad informativa por parte del gobierno nacional. Por ello, las organizaciones que trabajan en la documentación de esta situación sólo están pudiendo registrar aquellos derrames que, por su impacto, principalmente sobre comunidades de pescadores, o por su gran tamaño son reflejados por los medios de comunicación o pueden ser observados a través del uso de imágenes satelitales. Obviamente, el número que se observa es sólo una fracción del total de derrames que están ocurriendo.
A pesar de esta precisión, es muy importante que, a pesar de su importancia, el tema de la contaminación derivada de las operaciones petroleras haya aparecido por primera vez en los informes del Alto Comisionado ya que el mismo parecía que estaba quedando fuera del escrutinio de los organismos internacionales de derechos humanos.
Igualmente, es muy significativo el exhorto realizado al Estado venezolano de que la explotación petrolera debe ser realizada según estándares internacionales establecidas en convenios internacionales.
Sobre esa recomendación, es importante recordar la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2017 reconociendo que es una obligación de los Estados respetar los derechos a la vida e integridad personal, en relación con la protección del ambiente y estableciendo acciones específicas para lograr el goce pleno de los derechos humanos ambientales.
En el tema de la deforestación y sus consecuencias el informe describe los siguientes aspectos:
“Durante el periodo del informe, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa anunció el lanzamiento de un proyecto de reforestación llevado a cabo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dirigido a parques nacionales como los de Canaima, Caura y Yapakana, entre los más afectados por la minería ilegal. La deforestación, que contribuye a la desertificación, la erosión del suelo, las inundaciones y el aumento de las emisiones de efecto invernadero, es cada vez más preocupante, ya que los informes indican que, para 2025, se habrán perdido más de 1,3 millones de hectáreas de cubierta vegetal entre los bosques y las sabanas de Venezuela, siendo la extracción de recursos, los cultivos, los incendios forestales y la urbanización algunas de las principales causas, incluso en los parques nacionales.”
Es particularmente significativo que este tema aparezca por primera vez en los informes del Alto Comisionado ya que algunas personas no comprenden la relación existente entre el deterioro de los bosques y los derechos humanos.
Asimismo, es importante para los grupos de la sociedad civil y científicos del país la inclusión en este informe de los daños generados por la minería en los parques nacionales Canaima, Caura y Yapacana.
El informe de nuevo incluye las violaciones a los derechos humanos en las zonas mineras.
El informe reafirma su preocupación por la situación de los derechos humanos en las zonas bajo explotación minera al sur del país. En tal sentido, el informe expresa lo siguiente:
“A pesar de la prohibición por decreto presidencial, el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro y otros metales generó efectos negativos en la salud ambiental y humana, incluso con indicios que apuntan a una grave contaminación del agua. La extracción de oro se ha vinculado a asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata sexual y el trabajo infantil, desapariciones forzadas por presuntos grupos armados y criminales no estatales, amenazas e intimidación contra personas indígenas y desplazamiento forzado de comunidades indígenas enteras por temor a la violencia y huyendo de condiciones de vida críticas. El ACNUDH recuerda al Estado su responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y proporcionar reparación por violaciones y abusos a los derechos humanos, tanto por parte de agentes estatales como no estatales.”
Por cierto, en este caso, la Oficina del Alto Comisionado señaló que está prohibido el uso del mercurio y el cianuro, siendo cierto para el caso del mercurio, pero no para el del cianuro.
Este nuevo señalamiento se une a los incluidos en el informe publicado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en 2020, así como por los testimonios incluidos en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar de 2022, entre otros.
Será necesario que los organismos de internacionales de protección de los derechos humanos realicen un escrutinio más cercano y acciones más contundentes para promover que el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las personas que viven en estas zonas.
Se incluyó por primera vez el tema del cambio climático en el apartado sobre el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible.
“Venezuela sería responsable de menos del 1% de las emisiones mundiales actuales, pero está muy expuesta a las consecuencias del cambio climático, incluidas las sequías prolongadas y las lluvias torrenciales, que contribuyeron a desprendimientos de tierras, inundaciones repentinas y tragedias humanas.”
A pesar de ello, no se menciona la ausencia casi total de políticas nacionales para hacer frente a los efectos del cambio climático. Venezuela es el único país de América Latina que no tiene un Plan Nacional de Adaptación al cambio climático y que sus políticas sobre gestión de riesgo son ineficaces, inequitativas y no contienen un marco de derechos humanos. Asimismo, que, como consecuencia de estas omisiones, eventos meteorológicos extremos generan una cantidad no determinada pero significativa de muertes, daños a los bienes de personas generalmente pobres y posiblemente sea un causal de desplazamiento forzoso.
Preocupa que algunos asuntos ambientales pasan desapercibidos por los organismos de derechos humanos tanto globales como regionales, a pesar de que algunos de estos temas afectan a miles e incluso a millones de venezolanos.
Entre ellos se incluyen la falta de acceso de la población al agua y al saneamiento, la contaminación ambiental sin control y las graves amenazas sobre la diversidad biológica y la creciente mercantilización, abandono y mal uso por un turismo sin control de las áreas naturales protegidas principalmente al norte de Venezuela.
Finalmente, preocupa el silencio del Alto Comisionado con respecto a la negación del gobierno a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú que promueve los derechos del acceso a la información, participación y a la justicia en temas ambientales.
Cabe recordar que, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk presentó el 5 de julio su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Lo primero que es necesario apuntar es, que el tema de los derechos humanos ambientales ha venido creciendo en las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en sus sucesivos informes que viene presentando esta oficina desde al menos el año 2019.
