“Nada de lo que haga o deje de hacer una empresa puede absolver al Estado de su responsabilidad de garantizar los derechos humanos”, dice enfáticamente el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, aludiendo a los graves daños ambientales que industrias como la petrolera han dejado en Latinoamérica.
Este artículo es un resumen de la entrevista al Relator Especial de la ONU, publicada por Vanessa Romo el 9 julio 2023 en la página web de Mongabay.
Una investigación transfronteriza identificó 8.278 pasivos y otros impactos petroleros en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Además que 670 de ellos se encuentran en 50 comunidades indígenas y 15 áreas protegidas.
“¿Qué conducta empresarial se puede denominar responsable si frente a pasivos ambientales simplemente alistan sus maletas y se van? Eso es un abuso”, señaló Orellana, quien también se refirió a los hallazgos de la investigación Las Deudas del Petróleo, que ha logrado mapear 8.278 desechos tóxicos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta investigación reveló, además, que 6.371 de los desechos detectados no han sido remediados y que en menos de un tercio del total de casos se han hallado responsables.
¿Cuál es el mensaje que se le da a las empresas petroleras cuando los Estados no las responsabilizan de los pasivos ambientales y, además, les siguen ofreciendo lotes petroleros?
Las empresas petroleras han causado una grave emergencia planetaria que pone en riesgo el goce efectivo de los derechos humanos a escala mundial. Esta situación afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, quienes dependen física y espiritualmente de sus bosques y ambiente. Además, la exposición a los contaminantes peligrosos generados por la industria petrolera ha causado enfermedades en millares de personas, y muchas de ellas han perdido la vida. Esto es incompatible con la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y con la responsabilidad que tienen los Estados de garantizar estos derechos a través de leyes robustas y eficaces.
Muchas veces los Estados le dan prioridad a las industrias contaminantes, sea porque sus estructuras están capturadas por conflictos de interés, sea porque los costos ambientales no se encuentran contabilizados apropiadamente, o sea porque las personas afectadas no tienen voz en los procesos de toma de decisiones. Las personas son sacrificadas en sus derechos para que ciertas empresas tengan ganancias económicas.
Además de los pasivos ambientales, cada país tiene sus propias denominaciones para los desechos petroleros en sus territorios. ¿Cree que estas diversas denominaciones obedecen a decisiones políticas?
Cuando en las negociaciones del Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe se abordaron los pasivos ambientales, se empezó a usar el concepto ‘zonas contaminadas’ como una terminología genérica para albergar las diversas precisiones que se utilizan en los países de la región. Los pasivos ambientales reflejan la debilidad institucional y normativa de los Estados y, cuando estos pasivos ambientales son de la magnitud que ha revelado la investigación, uno observa que los Estados han estado más orientados a facilitar la actividad extractiva que a proteger los derechos de las personas directamente afectadas por estas industrias.
En la investigación se encontró que en menos de un tercio de los más de 8.000 impactos petroleros de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú se han hallado responsables. ¿Cómo ve que los países están respondiendo a estos vacíos de información?
La responsabilidad principal de garantizar los derechos le corresponde al Estado. Esto incluye la obligación de establecer un marco regulatorio eficaz que asegure el respeto a los derechos a la vida, a la salud y al ambiente saludable. Además tiene la obligación de informar sobre los pasivos ambientales y las empresas responsables de generarlos. Sin embargo, muchas veces los Estados no tienen esta información, no tienen programas para generarla o incluso si la tienen rechazan pedidos de información. Las empresas tienen la responsabilidad de respetar derechos y eso implica que al menos eviten prácticas que se encuentren prohibidas en sus países de origen. Hemos visto dobles estándares una y otra vez en los países de la región amazónica.
En su informe sobre la repercusión de las sustancias tóxicas en los derechos humanos de los pueblos indígenas, se destaca la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en estas zonas de contaminación. En Las Deudas del Petróleo encontramos que 670 impactos petroleros se encuentran en 50 territorios indígenas y 15 áreas protegidas en los cuatro países abordados. ¿Cree que en este escenario está ocurriendo “violencia e injusticia ambiental”, como señala en su informe?
Los pasivos ambientales dan cuenta de una tremenda injusticia ambiental en la región. Frente al ingreso de empresas petroleras, los pueblos indígenas que viven en la Amazonía han sufrido los graves impactos de la contaminación, con consecuencias adversas en sus cuerpos, sus viviendas, sus fuentes de agua y alimentación, y también en sus prácticas culturales y el acceso a plantas medicinales, por ejemplo. Es una negación sistemática y de gran escala de los derechos de los pueblos indígenas. El informe sobre tóxicos y los derechos de los pueblos indígenas aborda las fuentes de contaminación que les niegan a los pueblos indígenas el goce efectivo de sus derechos, incluidas las actividades petroleras, la minería aurífera con mercurio, las aspersiones de plaguicidas altamente peligrosos, entre otras actividades altamente contaminantes.
Usted habla sobre el impacto petrolero en la salud de las personas. Sin embargo, hay empresas que señalan que no hay “datos creíbles” que relacionen enfermedades con las operaciones petroleras, como es el caso de la empresa Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en Perú.¿Cómo observa esto?
Las actividades de extracción de hidrocarburos generan contaminantes peligrosos, y muchas empresas simplemente los descargan al ambiente. Esto ha generado la proliferación de zonas de sacrificio, que son áreas extremadamente contaminadas. Los sistemas legales de los países todavía no dan respuesta adecuada a los desafíos de la sociedad contemporánea donde los químicos invisibles generan riesgos y daños. Hay muchos casos de personas que viven en lugares contaminados y no saben por qué se enfermaron.
¿Conoce alguna experiencia exitosa donde el Estado haya avanzado en resolver estos problemas de pasivos ambientales?
Varios países han empezado por identificar cuál es el grado y tipo de contaminación en las zonas contaminadas para implementar planes de restauración. Pero la restauración de estos daños pueden ser altísimos. Un caso específico es el de Italia, que tiene sitios contaminados y pasivos ambientales de gran escala, incluyendo contaminantes orgánicos persistentes como las dioxinas y bifenilos policlorados. El gobierno italiano, con algunas demoras y falencias, ha impulsado programas de limpieza que demuestran una conciencia acerca de la gravedad del problema y la necesidad de tomar acción.
¿Cuál es su opinión sobre lo que están haciendo los gobiernos de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia con respecto a estos pasivos petroleros?
Las cifras que revela la investigación reflejan una gran contaminación por pasivos ambientales y esto da cuenta de la falencias y debilidades institucionales y normativas del Estado. No obstante, en la región hay países que se encuentran encaminados a implementar el acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Este compromiso parece importante resaltarlo, porque muchas veces los pasivos ambientales son el resultado de la aplicación mal entendida del desarrollo sostenible. Además, el Acuerdo de Escazú expresamente requiere que cada parte cuente con sistemas de información actualizados. Estos sistemas pueden incluir el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización.
¿Qué recomienda a los gobiernos con respecto a estas zonas de contaminación petrolera?
Lo que sucede lejos de la capital con frecuencia no es visible para el público ni para las autoridades. De ahí la importancia de asumir el compromiso de generar y divulgar información detallada acerca de zonas contaminadas: el tipo de contaminante y localización. Esta información también debe identificar a las empresas responsables, así como las medidas requeridas para la reparación integral, y los procesos de participación de las comunidades en la reparación.
¿Cuál sería la solución para frenar la generación de más desechos tóxicos petroleros considerando que los países siguen dependiendo de esta industria?
La prevención de la contaminación requiere de marcos regulatorios fuertes y esto significa el fortalecimiento de aquellas instituciones del Estado que tienen como mandato la protección del ambiente, la evaluación de los impactos ambientales y la fiscalización del cumplimiento de la normativa. También pasa por fortalecer las entidades judiciales, porque en muchos países se judicializan las multas u otras medidas que toman las autoridades para perseguir el cumplimiento de la normativa ambiental.
¿Es posible salir de la dependencia petrolera y completar la transición energética en Latinoamérica?
De acuerdo con la evidencia científica, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha llevado a que la humanidad se encuentre frente a una verdadera emergencia climática. Frente a la amenaza planetaria que supone el cambio climático, esta transición energética no es una opción, sino un imperativo para la supervivencia de la especie humana en el planeta.
¿Cómo equilibrar la economía y la conservación del ambiente?
Desde la Cumbre de la Tierra de 1992, el desarrollo sostenible ha sido el paradigma utilizado para reconciliar desarrollo y ambiente. Sin embargo, las cifras de pasivos ambientales reflejan que este paradigma se encuentra descalibrado en la región. O sea, el desarrollo sostenible ha servido para promover actividades contaminantes en desmedro de la integridad ambiental y los derechos de las personas, sobre todo de los pueblos indígenas. Recalibrar el paradigma del desarrollo sostenible supone la articulación real de los derechos de acceso a la información, a la participación informada en la toma de decisiones ambientales, y al acceso a la justicia y remedios reales y efectivos. También supone reconocer que el proceso de desarrollo debe estar encaminado al respeto de los derechos humanos. La vida y la salud de las personas dependen de ecosistemas saludables. La civilización humana depende de un ambiente sano, limpio y sostenible.
