El Acuerdo de Escazú es uno de los acuerdos ambientales más importantes que han sido adoptados en el siglo XXI. Al unir las normas de derechos humanos y las preocupaciones ambientales con un enfoque regional, el Acuerdo demuestra cómo el derecho internacional puede incorporar los elementos de la democracia ambiental.
Proporciona asimismo una base sólida para proteger los derechos de las personas en toda la región de América Latina y el Caribe para trabajar en la protección del ambiente mediante el ejercicio de sus derechos a la información ambiental, a la participación en la toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en materia ambiental.
Su disposición más innovadora reconoce de manera explícita por primera vez, en un tratado internacional, las obligaciones de los Estados de proteger a las personas defensoras del ambiente, aquellas que trabajan para proteger el ambiente y los derechos de todos los que dependemos de él.
Durante muchos años, el derecho ambiental y los derechos humanos se desarrollaron por caminos separados. A medida que las personas de todo el mundo se han vuelto más conscientes de que el daño ambiental interfiere con el disfrute de muchos derechos humanos, incluidos los derechos a la vida y a la salud, se han tendido puentes entre estos dos campos. Una expresión de esta relación es el reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano.
Más de cien países, incluyendo a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, reconocen en la actualidad este derecho en sus constituciones nacionales.
A nivel regional, también los países de América Latina y el Caribe se unieron en 1988 para incluir este derecho en el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 11 establece que “Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano”.
Muchos Estados de la región han adoptado medidas para hacer efectivo este derecho mediante acciones administrativas y decisiones judiciales, pero los crecientes problemas ambientales demuestran que aún falta mucho para hacer realidad la protección del ambiente con un enfoque basado en los derechos.
Una de las formas más importantes en que las normas de derechos humanos contribuyen a salvaguardar un ambiente sano es apoyando la formulación de políticas ambientales eficaces.
En este sentido, los derechos a la información, a la participación en la toma de decisiones y al acceso a recursos efectivos son especialmente críticos.
El ejercicio de estos derechos hace que las políticas ambientales sean más transparentes, estén mejor informadas y responda mejor a los más interesados.
Derechos Humanos
Conjuntamente, estos “derechos de acceso” constituyen los pilares de la democracia ambiental. Al ejercer estos derechos, las personas contribuyen a garantizar que las políticas públicas protejan el ambiente, lo que, a su vez, salvaguarda otros derechos humanos, como el derecho a un ambiente sano, el derecho a la vida y a la salud.
Por supuesto, lo contrario también es cierto. Si no se protegen los derechos de acceso, se debilita la protección del ambiente, lo que interfiere con el goce pleno de los derechos humanos.
La negociación del propio Acuerdo de Escazú ilustra esta interrelación positiva entre la democracia ambiental y la protección del ambiente.
En el texto final del acuerdo adoptado el 4 de marzo de 2018, ha quedado claro que los derechos humanos y el ambiente son interdependientes: es necesario un ambiente sano para el pleno goce de los derechos humanos, y el ejercicio de los derechos humanos es fundamental para la protección de un ambiente sano.
Los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos no pueden ser cumplidos solamente por una parte de la sociedad. Solo trabajando en conjunto para adoptar e implementar normas sólidas basadas en los derechos se puede proteger el ambiente para nuestras propias generaciones y las generaciones venideras, y asegurar un verdadero desarrollo sostenible.
Aunque el Acuerdo de Escazú es innovador en muchos aspectos, los principios de la democracia ambiental no son nuevos y se basan en normas de derechos humanos de larga data. En los instrumentos internacionales ambientales estos derechos se han reconocido por lo menos desde la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.
Por supuesto, el Acuerdo no es una varita mágica que resolverá por sí solo los problemas. Para ser eficaces, las normas y las leyes deben concretarse mediante la acción. Sin embargo, no cabe duda de que el Acuerdo de Escazú proporciona una base sólida para tomar los pasos necesarios para proteger los derechos de las personas en América Latina y el Caribe a vivir en un ambiente sano, seguro y sostenible.
El texto completo del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, puede ser consultado en el siguiente enlace:
