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CPI abre juicio a Rusia y Moscú no reconoce al tribunal

Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), aseguró el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, después de que el tribunal anunciara que abrirá casos de crímenes de guerra contra Moscú y buscará las primeras órdenes de arresto por la invasión a Ucrania.
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Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), aseguró el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, después de que el tribunal anunciara que abrirá casos de crímenes de guerra contra Moscú y buscará las primeras órdenes de arresto por la invasión a Ucrania.

Las acusaciones que abordará el alto tribunal se centran en el secuestro de niños ucranianos trasladados a territorio ruso y los ataques deliberados contra la infraestructura civil.

¿Rusia podría ser juzgada por la guerra en Ucrania? El fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI), Karim Khan, abrirá formalmente dos casos contra Moscú por crímenes de guerra y pedirá órdenes de arresto contra varios individuos, según señalaron funcionarios del alto tribunal.

La corte apunta a juzgar dos casos: el secuestro masivo de niños y adolescentes que han sido enviados a campos de reeducación rusos y los ataques deliberados de las tropas de Vladimir Putin contra la infraestructura civil.

Según las mismas fuentes, Khan pediría a los jueces de instrucción que aprueben las órdenes de captura sobre la base de las pruebas recopiladas hasta el momento. Aún no ha sido divulgado contra quienes estarían dirigidas.

Se trata de los primeros cargos internacionales contra Moscú desde que ordenó invadir a su vecino país y se producen después de meses de trabajo por parte de equipos especiales de investigación.

Pero el camino estaría lleno de obstáculos. Para empezar, este martes 14 de marzo, pocas horas después de que se diera a conocer la información, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que su Gobierno no reconoce a la corte con sede en La Haya.

“No reconocemos este tribunal, no reconocemos su jurisdicción”, remarcó Peskov, tras ser cuestionado al respecto por la prensa local.

Algunos diplomáticos y expertos indican que es posible que el presidente ruso Vladimir Putin se encuentre entre los acusados, ya que el tribunal no reconoce la inmunidad de un jefe de Estado en casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

Sin embargo, los especialistas también resaltan que la probabilidad de un juicio sigue siendo escasa, debido a que la CPI no puede juzgar casos en ausencia y es poco probable que Rusia entregue a sus propios funcionarios.

Pese a los hallazgos de los investigadores en suelo ucraniano y los testimonios de sobrevivientes que narran las atrocidades a las que han sido sometidos por los militares rusos, Moscú insiste en negar que cometa crímenes de guerra.

Secuestro masivo de menores

Aunque la cifra puede ser mayor, al menos 6.000 menores, desde pequeños hasta adolescentes, han sido sacados de Ucrania y detenidos en un total de 43 campamentos en Rusia, señala un informe de la Universidad de Yale y el programa del Observatorio de Conflictos del Departamento de Estado de EE. UU., publicado el pasado febrero.

Los investigadores indican que los niños son trasladados para ser reeducados y convertirse en ciudadanos rusos. Algunos de ellos proceden de orfanatos o casas de acogida.

El Gobierno ruso no oculta esta situación, pero la presenta como un programa de “misión humanitaria”, para “proteger” a los menores huérfanos o “abandonados” de la guerra.

De hecho, desde pocas semanas después de iniciar el conflicto, el 24 de febrero de 2022, la comisionada rusa para los derechos del niño y cara pública de ese programa, Maria Lvova-Belova, reconoce el traslado de niños ucranianos hacia la nación invasora y promueve en televisión las adopciones de esos menores.

Putin dio la estocada final con la firma de un decreto el pasado mayo para acelerar el acceso a la ciudadanía rusa para los ucranianos.

Pero las investigaciones de la CPI descartan las buenas intenciones de Moscú y señala que se trata de traslados ilegales. “Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra”, remarcó el fiscal Khan tras su visita hace pocas semanas al sur de Ucrania donde visitó lo que era un hogar de menores que ahora está deshabitado.

“Está prohibido trasladar por la fuerza a civiles a través de una frontera, y durante un conflicto puede ser un crimen de guerra. También puede equivaler a crímenes contra la humanidad (…) La deportación de niños podría incluso ser parte de una intención genocida”, resaltó a ‘The New York Times’ Mark Ellis, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados.

Según datos de la Oficina Nacional de Información del Gobierno ucraniano divulgados a principios de este mes, el número de niños trasladados de manera forzosa a Rusia podría superar los 16.000 hasta el momento.

Ataques contra infraestructuras civiles

Por meses las tropas rusas han lanzado bombardeos contra la red eléctrica y de agua a lo largo de Ucrania, dejando a los ciudadanos sin el líquido vital ni energía. Según Moscú, sus agresiones están dirigidas contra el Ejército del país atacado, pero lo cierto es que son millones de civiles quienes resultan afectados. Una situación que empeora al quedar sin acceso a calefacción durante los meses de invierno

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